URBANIZADORES PROPONEN MODIFICAR EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUZ (POTA).

Sevilla 24/09/13  –  Europa Press  –  “Eleconomista.es”  (EcoDiario)

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, considera “innecesario” el decreto Ley para la Protección del Litoral del Andalucía, toda vez que “ya está suficientemente legislado”, y aboga por modificar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), por lo que pide aplicar el “sentido común” a la hora de proteger la costa andaluza y advierte de un aumento de la litigiosidad “de forma exponencial”.

Ricardo Arranz en el Beach Club del hotel Villa Padierna (Club de Mar), que fué inaugurado por Michelle Obama en 2010.  JOSELE-LANZA

En declaraciones a Europa Press, Arranz considera que  la consecuencia final de este decreto Ley de la Junta será  “el aumento de la litigiosidad de forma exponencial, dado  que los municipios tienen obligaciones adquiridas con  promotores e inversores que van a ver gravemente  afectados sus intereses, la mayoría de ellos derivados de  acuerdos y convenios adoptados y planes realizados  hace años”.

Arranz apunta que no ve la necesidad de este decreto ley, “sabiendo la grave crisis que sufre Andalucía y que afecta con especial virulencia al sector inmobiliario ha paralizado los desarrollos urbanísticos”, por lo que considera que la posible afección a los valores que el decreto trata de preservar “resulta ahora irrelevante”.

Agrega que “todo el contenido del decreto Ley respecto de la protección del litoral andaluza ya esta suficientemente legislado”, de manera que “el POTA y los POT subregionales ya tenían determinaciones sobre protección del corredor litoral que en todos los casos se podrían obligar a observar en los instrumentos que informa o aprobara la Consejería”.

A su juicio, “es vergonzoso que la administración andaluza se escude en ‘una urgente necesidad de proteger el litoral frente el ataque voraz de los especuladores y urbanizadores’, sabiendo que la mayoría han desaparecido o están quebrados, para en realidad tratar de atajar la ‘desobediencia municipal’ en cuanto a la revisión de los planes generales para su adaptación a los POT subregionales y al POTA en materia de protección de la franja costera y sobre todo en limitación del crecimiento urbano”.

Arranz ha explicado que los ayuntamientos “desobedecen y no adaptan sus planeamientos al POTA porque no están de acuerdo con los límites de crecimiento previstos como cifra única e inamovible para todo el territorio andaluz, y sin justificación o estudio alguno que lo argumente”.

En ese sentido, apunta que “en vez de este nefasto decreto Ley,

pueden modificar el POTA y fijan unos límites de crecimiento particularizados a las circunstancias de cada municipio –no es lo mismo el potencial crecimiento de la provincia de Málaga, que el de la provincia de Jaén, ni es lo mismo el desarrollo de Sevilla que el de Granada– y a la capacidad que cada territorio tenga para absorber nuevos crecimientos sostenibles en función de sus características”.

SENTIDO COMÚN

“No sería estúpido hacerles ver a los políticos que tiene la responsabilidad de diseñar el territorio, que no se lo dejen al capricho de los funcionarios, sino que estudien mercado y apliquen el sentido común”,

ha agregado Arranz, quien insiste en que

“los valores que dicen querer proteger con este decreto ley ya están protegidos a través de la abundante y caprichosa legislación sectorial, puesto que todo el planeamiento pasa por informes sectoriales y se le aplica la legislación superior incluso modificando sus determinaciones y delimitaciones”.

villa obama 1  603

Por ello, asevera que “no tiene justificación una paralización generalizada del desarrollo urbanístico en la franja del litoral, cuando se puede estudiar los casos concretos que se planteen y aprobar o no que sigan adelante”.

Lamenta que “nadie ha estudiado las graves consecuencias económicas, para Andalucía, el parón de la actividad urbanística, el aumento de más paro, la pérdida de confianza de los inversores o las valoraciones a la baja de estos terrenos por parte de las entidades bancarias, entre otras cuestiones”.

Por ello, recomendó a los políticos que “responsabilicen a sus funcionarios, lo primero que hay que hacer es trabajar, analizar y después legislar”, toda vez que “lo dispuesto en los POT y en Plan de Protección del Corredor Litoral deberá llevarse a efecto en los PGOU mediante su revisión”.

“Si estos tienen por ello que desclasificar suelo, se han medido las consecuencias económicas para los municipios y para los propietarios”, se preguntó Arranz.